El trabajo de la Asociación de Municipalidades de Chile se dividirá en tres etapas: la experiencia territorial, la asesoría de expertos en la materia y el trabajo técnico jurídico.
A pocos días de que el Congreso despachara la nueva ley, la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) ya inició el trabajo técnico junto a once directores de seguridad de distintas comunas del país. Con este trabajo, la asociación busca incidir desde la evidencia municipal en un reglamento que será clave para el funcionamiento de la seguridad local durante los próximos años.
Mientras el debate público se ha concentrado en los alcances generales de la normativa —que fortalece las funciones de los inspectores municipales, regula su rol coadyuvante con las policías y establece estándares de capacitación, tecnología y uso de elementos defensivos—la AMUCH optó por avanzar directamente en el cómo se implementará la ley, evitando interpretaciones improvisadas o jurídicamente riesgosas.
La nueva legislación, aprobada en sesión especial de la Cámara de Diputados y lista para su promulgación, descarta explícitamente la creación de una “policía municipal”, pero amplía atribuciones y responsabilidades de los equipos de seguridad local, lo que exige un reglamento claro, realista y aplicable a todo Chile.
Con ese objetivo, AMUCH diseñó un criterio de distribución del reglamento por tipo de comuna y perfil territorial, asignando el análisis de cada título de la ley a distintos directores y directoras de Seguridad Municipal con experiencia directa en contextos complejos: comunas metropolitanas con alta judicialización, capitales regionales expuestas a crimen organizado, ciudades intermedias con eventos masivos y comunas rurales con recursos limitados.
El enfoque busca evitar un reglamento “Santiago-céntrico” y asegurar que la ley no se transforme en una carga imposible de cumplir para municipios pequeños, ni en una fuente de conflictos operativos o administrativos para los equipos en terreno
Entre los ejes que AMUCH ya está trabajando se encuentran:
- Coordinación operativa y límites claros con Carabineros y PDI.
- Funciones coadyuvantes y niveles de riesgo para inspectores municipales.
- Uso de tecnología, registros, bodycams y protección de datos personales.
- Procedimientos mínimos de actuación en comunas sin dotación ni equipamiento avanzado.
- Capacitación, certificación y estándares nacionales obligatorios.
“La implementación de esta ley no puede improvisarse ni quedar entregada a interpretaciones aisladas, considerando la alta exposición jurídica, operativa y administrativa que enfrentarán los municipios. Por eso, es indispensable realizar un levantamiento real y objetivo de las verdaderas necesidades, brechas y dificultades con las que conviven los equipos municipales en el territorio al momento de enfrentar la delincuencia. Si no se recoge la experiencia local —y, sobre todo, la enorme diversidad de realidades que existen entre las comunas de Chile— esta ley corre el riesgo de transformarse en letra muerta”, señaló Esteban Díaz, director del Observatorio de Seguridad de AMUCH.
La primera sesión de trabajo se realizará mañana en el Hotel Radisson de Santiago. Las reuniones serán de carácter periódico y se avanzará hacia una segunda etapa, que complementará el trabajo técnico municipal con la experiencia de asesores expertos en seguridad pública, persecución penal y gestión institucional. Entre ellos se encuentran Rodrigo Delgado, ex ministro del Interior y Seguridad Pública; Christian Alveal, ex director de Gendarmería; José Antonio Gómez, ex ministro de Justicia y Defensa; Juan Ignacio Gómez, Coordinador para el Congreso Nacional de LyD y Pilar Lizana, especialista en crimen organizado y seguridad estratégica.
La tercera y última etapa corresponderá al trabajo técnico-jurídico, donde se revisará en detalle la correcta aplicación de la ley, los límites de actuación municipal, los resguardos legales necesarios y la coherencia normativa con el resto del sistema de seguridad pública, proceso que se desarrollará junto a equipos jurídicos especializados y expertos en derecho público y administrativo.
El documento final, que consolidará los insumos territoriales, técnicos y jurídicos, será entregado formalmente al Gobierno como propuesta para el reglamento de implementación de la nueva Ley de Seguridad Municipal.
